Caso Consuelo Benavides
El 4 de diciembre de 1985 en el recinto Estero del Plátano del cantón Quinindé (Rosa Zárate) de la provincia de Esmeraldas, aproximadamente a las 17:30, miembros de la Infantería de Marina detuvieron a Filomeno Serapio Ordóñez Ramírez, de 46 años, con fines investigativos. Cuando se encontraba trabajando, los marinos le pidieron que se identifique y le preguntaron por la profesora del lugar, Consuelo Benavides, quien trabajaba desde hace un mes veinte días en la escuela Estero del Plátano, bajo el nombre de Julia Acosta Caiza, con el cual se había identificado ante la comunidad.
Filomeno Serapio Ordóñez les indicó que ella se encontraba en su casa y procedieron a buscarla. Ambos fueron detenidos y los llevaron -en medio de la oscuridad de la noche- por el estero hasta llegar a la casa de otro campesino, donde pernoctaron.
Al día siguiente caminaron hasta la casa de Narciso González, otro poblador del lugar, desde la cual los marinos solicitaron por radio un vehículo que los recogiera. Así llegaron hasta una casa en la que habían instalado un campamento y donde les esperaba otro vehículo en el que continuaron el viaje. Durante todo el tiempo, los detenidos fueron intimidados con metralletas. Llegaron al puerto de Esmeraldas, Consuelo Benavides y Serapio Ordóñez fueron bajados del vehículo y encerrados en un cuarto. Cerca de las 21:00 sacaron a Serapio Ordóñez, le colocaron una capucha que le cubría hasta el torso y lo condujeron a una oficina para “interrogarle sobre Los Juanes (un grupo de jóvenes que residía en su zona) y sobre la profesora”. En el interrogatorio recibió golpes en la cabeza y lo devolvieron más tarde al lugar donde estaba.
Después “llevaron a Consuelo, le meten la capucha”, y cuando ella regresa le advierte: “cuando a usted lo agarren y vea que le van a suministrar una inyección, concéntrese diciendo ¡No! esa inyección que le suministran le hace delirar”.
El 6 de diciembre de 1985 amanecieron en ese cuarto y a la tarde los pusieron frente a una pared los vendaron los ojos con una cinta de embalaje y los amarraron de las manos con una piola”, los embarcaron en un auto y llegaron a alguna parte de la Sierra. Serapio Ordóñez escuchó que sus captores hablaban con un hombre de voz gruesa que abrió la compuerta del lado de la profesora y súbitamente la saludó por su nombre real, lo cual sorprendió a Filomeno Serapio Ordóñez que la conocía como Julia Acosta Caiza. De todas maneras, enseguida le pidieron que se identificara y ella respondió: “Consuelo de los Ángeles Benavides Cevallos”. Recién en ese momento, Filomeno Serapio Ordóñez confirmó que ése era el verdadero nombre de la profesora.
El mismo hombre de la voz gruesa: “abre la compuerta por mi lado y me pega aquí en el pecho me amarraron con una toalla, me amarró durísimo, me apretó me bajan, a mi primero me llevan a una oficina, allá arriba por delante del carro, abren un libro donde estaba todo un poco de fotos, en cada página estaban como seis fotos de personas le decían: ‘tú conoces a éste?’, ‘no, yo no conozco’ respondía la última foto era Consuelo le digo: ‘yo no conozco’ le responden‘¡¿ella no es tu profesora?!, ya te la vamos hacer conocer’ en el trayecto del camino me dieron una camiseta verde, y aquí delante decía: ‘Infantes de Marina’ con unas letras blancas, llegaron allá a Consuelo la trasladaron hasta acá, uno cortó la camiseta con cuchillo o tijera, sacaron las tiras y me amarraron de aquí a los pulgares, halaron una polea del techo me llevaron para arriba, tras, tras, tras, yo parado, cuando ya me amarraron los brazos para arriba, me cogió otro de aquí y me llevó más arriba, ya quedé en el aire, pero todavía no me dolían bien los brazos, me agarraron con un cabo y me templaron para allá, me quedé boca abajo y los brazos para arriba, y de ahí se subió uno por atrás aquí en la espalda y dije: ¡ay, Dios lindo! y parecía que me desprendieron los brazos”. Le interrogaron sobre Los Juanes, y como él respondía que no conocía a qué se dedicaban éstos, le pegaron.
Sus agresores hicieron turnos para golpearlo. Serapio Ordóñez fue descolgado y una persona le sobó los pies mientras le advertía diciéndole que hable y diga la verdad, porque al siguiente día lo iban a matar metiéndolo en agua fría.
Después, “me cogieron de aquí: el uno de los pies y el otro de los brazos, y me hicieron así como tirar un racimo de plátanos verdes encima del carro de la camioneta, ahí me quedé boca arriba cuando trac prenden el carro, empezó a rodar despacito la camioneta, ya cuando caminó unos 50 metros oigo el grito de Consuelo que ya la tenían guidada le estaban garroteando y masacrando y gritaba y gritaba y gritaba y el carro más rápido fue corriendo y se perdieron los gritos”.
Fue trasladado a una casa donde pudo descansar. Al día siguiente una persona le ayudó a bañarse y a desayunar, ya que tenía mucha dificultad para moverse. Continuaron preguntándole por Los Juanes pero sin violencia, luego le comunicaron que volvería a su casa y emprendieron un viaje durante el cual continuaron las mismas preguntas. Lo liberaron el 8 de diciembre de 1985, en la vía a Brazo Largo, con la imperativa indicación de que ese mismo día debía regresar a su casa y que si alguien preguntaba por su paradero le responda que había estado haciendo negocios. Ese día llegó a la casa de un amigo, Filomeno Manzaba, quien le proporcionó comida y medicinas. Al día siguiente, en la noche, llegó a su casa y sus hijos y amigos le contaron que gente extraña lo estaba buscando.
El sargento segundo de Marina Florencio Antonio Briones Cornejo, en declaración ante notario en febrero de 1994, reconoció haber estado en el vehículo que partió desde el Servicio de Inteligencia Naval de Quito, conjuntamente con los sargentos Olivo, Cuvi y el oficial Marco Morales Villota, y que se dirigieron a una casa en Quito, “donde el oficial recibió a una mujer esposada y encapuchada. El señor oficial Morales ordenó al chofer ir hacia un reparto policial al que entró con la mujer, volviendo a salir con ella minutos después. Salimos de viaje hacia Esmeraldas y llegamos a la altura del aeropuerto de Tachina. El señor oficial ordenó al chofer detenerse, dispuso que Olivo y yo bajáramos y permanezcamos ahí para hacer vigilancia, y mandó al conductor a entrar al camino secundario existente a esa altura de la carretera. Pasados unos veinte minutos, Olivo y yo oímos varios disparos de arma de fuego. Después de otros tantos minutos, el jeep regresó sin la mujer y el señor oficial Morales nos ordenó embarcarnos”.
El 13 de diciembre de 1985, en un potrero de una hacienda cercana a la población de Rocafuerte, cantón Esmeraldas, los trabajadores Héctor Eliazar González García y Rudy Benavides Bone encontraron el cadáver de una mujer con el rostro desfigurado por impactos de bala. Al lugar llegó un médico que la fotografió y le practicó la autopsia: concluyó que había muerto 48 horas antes, el 11 de diciembre de 1986. El cadáver permaneció durante tres días en una canoa vieja cubierto con hielo, en espera de que alguien lo reconozca. Como no sucedió así, lo enterraron en el cementerio de la parroquia de Rocafuerte. El teniente político de la parroquia Rocafuerte levantó el autocabeza de proceso por la localización del cadáver de una persona de sexo femenino no identificada, por lo que empezaron a llamarle la Mujer de Rocafuerte. El proceso legal permaneció en el Juzgado I de lo Penal de Esmeraldas.
Serapio Ordóñez, por efectos de la tortura, se vio imposibilitado de trabajar: “me dolían los hombros, cuando yo vine sólo podía caminar, pero no podía agarrar nada, ni una cuchara, estuve 10 meses enfermo, hablemos del año, y no compruebo con un certificado médico porque no podía salir, me perseguían, cada 8, cada 15 días me perseguían, la Marina. Yo perdí mis tierras [92,20 ha] porque, bueno, ya no pude más, tenía préstamos al banco, el banco siempre venía y me cobraba yo no tenía con qué pagar, el banco hizo un negocio, ahí me tiraron un basurita [el banco remató las tierras y le dejó solo la casa] y se acabó todo, perdí las tierras ahí perdí la familia, perdí la tierra y perdí todo, mi esposa ya me vio así, ¡inútil! se puede decir ¡inútil!, ya ella decidió irse y me dejó tres niños, yo así como estaba tenía que trabajar para darles de comer a los muchachos, para no morirnos de hambre, me dejó una niña mujer y dos hombres, la niñita mujer nos cocinaba y los muchachos varones venían a este Estero para coger camarones para sobrevivir”.
El 20 de agosto de 1988, en el gobierno de Rodrigo Borja, el Congreso Nacional conformó una comisión multipartidista para investigar la desaparición de Consuelo Benavides. La madre de Consuelo Benavides mandó a buscar a Serapio Ordóñez en su casa en Estero del Plátano y lo citó para pedirle que declarara ante el Congreso Nacional, en Quito. En su declaración, describió las prendas de vestir que Consuelo Benavides llevaba el día en que los detuvieron. A partir de que dichas declaraciones se hicieron públicas, fue nuevamente perseguido por miembros de la Marina, quienes iban a buscarlo en su casa, pero él se adentraba en el bosque para evitar ser capturado. Luego de tres años de investigaciones, el 30 de noviembre de 1988 se comprobó que La mujer de Rocafuerte era Consuelo Benavides. Al abrir el féretro, su madre, Rosa Cevallos, la reconoció por las fotografías que tomó el médico legista en 1985 y por la descripción que hizo Serapio Ordóñez sobre las prendas que vestía.
Según la periodista Mariana Neira, a partir del informe de la comisión parlamentaria, Rosa Cevallos, presentó, en enero de 1989, una acusación particular contra Luis Robles Plaza, ministro de Gobierno; Luis Piñeiros y Medardo Salazar, ministros de Defensa en distintos momentos de ese período; contralmirante(r) Francisco Ramón Viteri Silva, jefe de la Dirección de Inteligencia Naval; capitán Gracián Villota Miño, comandante de la Estación Naval de Esmeraldas; Édison Garcés y Luis Suárez, comandantes generales de la Policía Nacional en distintos momentos de esa época; Oswaldo Campaña Grandes y Humberto Romero Jaramillo, miembros de la Infantería de Marina; Balter Prías Pazmiño y Pedro Sagñay, agentes de Inteligencia Naval; mayor Byron Paredes, jefe de operaciones de la Oficina de Seguridad de la Policía Nacional.
El 2 de febrero de 1994, el Fiscal General de la Nación emitió un dictamen acusatorio en contra de: contralmirante Francisco Viteri Silva, teniente Fausto Morales Villota, capitán Gracián Villota Miño, oficiales de Marina Humberto Eusebio Romero Jaramillo y Oswaldo Campaña Grandes, y los agentes Balter Prías y Pedro Sagñay. Como autores directos del delito de asesinato fueron acusados el teniente de Inteligencia Naval Fausto Morales Villota, bajo cuyo mando directo se produjo la detención, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Consuelo Benavides. Como encubridores fueron acusados los ex ministros de Defensa, generales Luis Piñeiros y Medardo Salazar.
La Corte Suprema de Justicia, el 22 de agosto de 1994 al abrir el juicio sindicó como autor del asesinato, detención ilegal, tortura y falsificación de documentos al capitán de fragata Fausto Morales Villota; como cómplices al contralmirante en servicio pasivo Francisco Viteri Silva y al sargento de Marina Pedro Sagñay; como encubridor al teniente coronel de Policía Byron Paredes. Dispuso la prisión preventiva para autores y cómplices y sobreseyó provisionalmente a los ex ministros de Defensa y a los ex comandantes de la Policía, Édison Garcés y Luis Suárez, así como al capitán –a la fecha ya en servicio pasivo- Gracián Villota y a los capitanes Humberto Romero y Oswaldo Campaña.
Amnistía Internacional hizo un llamado de atención al Estado ecuatoriano por la lentitud judicial observada en el caso, cuyos sindicados incluso fueron desplazados al exterior en el tiempo en que debían declarar antes de que el caso prescriba. El 12 de octubre de 1995, el presidente de la Corte Superior de Justicia, Carlos Solórzano, dictó sentencia de primera instancia con dos años de prisión contra los capitanes de corbeta Humberto Romero Jaramillo y Oswaldo Campaña Grandes como autores de la comisión del delito de detención ilegal, y a ocho años de reclusión mayor extraordinaria a Pedro Sagñay por complicidad en la ejecución de los delitos de detención ilegal y arbitraria y asesinato. La condena fue apelada, pero el 5 de diciembre de 1995 fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los altos mandos de la Armada Nacional y los ministros fueron sobreseídos. El capitán Fausto Morales, según lo señala Mariana Neira, cinco meses más tarde del dictamen del Fiscal General fue puesto por sus superiores a disposición del Ministerio de Defensa con la obligación de presentarse periódicamente para control y, añade, que el 16 de agosto de 1994 cuando fue llamado al Comando de la Fuerza Naval para ser arrestado, se resistió haciendo uso de su arma, fue herido en el hombro y finalmente huyó. El resto de implicados también fugó de los centros de detención, y el sargento Sagñay, que tenía la pena más alta, fue el único que la cumplió.
El 9 de diciembre de 1995 prescribió la causa por el asesinato de Consuelo Benavides, la continuación del proceso legal quedó pendiente hasta recapturar a los sindicados, lo cual no ocurrió y, por ello, la prescripción de la causa amparó la impunidad. Sin embargo, organismos de derechos humanos ayudaron a la familia de Consuelo Benavides a llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En marzo de 1996, la CIDH decidió, durante su 91º período ordinario de sesiones, elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandar al Estado ecuatoriano por la privación arbitraria de la libertad, tortura y muerte de Consuelo Benavides. El Estado ecuatoriano, en su respuesta a la CIDH, el 1 de octubre de 1996, afirmó que la causa en realidad no prescribió, que se encuentra suspensa por la fuga de Fausto Morales Villota, afirmando que, por lo tanto, la justicia ecuatoriana actuó en apego al debido proceso. No obstante, cuando la CIDH inició el trámite preliminar, Ecuador no respondió, por lo cual el caso fue admitido.
El 19 de mayo de 1997, el Estado ecuatoriano remitió una nueva contestación en la cual manifestó que no existían fundamentos para la demanda, ya que en el Decreto Ejecutivo Nº 29, de 26 de junio de 1996, publicado en el Registro Oficial Nº 993 del 22 de julio de 1996, el Estado aceptó su responsabilidad y, por ende, su obligación de indemnizar a los padres de Consuelo Benavides, indemnización que debía estar acorde a la crisis que en ese momento vivía el Ecuador, argumento que motivó un inicial rechazo de ésta por parte de la familia Benavides.
El 20 de febrero de 1998, la familia Benavides y el Estado ecuatoriano celebraron un acuerdo en el que además de aceptar la responsabilidad, indemnizó a los padres de Consuelo Benavides y se comprometió a impulsar o concluir con los procesos judiciales suspendidos a causa de la fuga de los sindicados y a perennizar su nombre en calles, escuelas, plazas, etc. El 19 de junio de 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos por unanimidad resolvió que el Estado ecuatoriano es responsable de la violación de derechos humanos, aprobó el acuerdo entre el Estado y los familiares de Consuelo Benavides, determinó que la investigación debía continuar para sancionar a todos los responsables de violaciones de Derechos Humanos y se reservó el derecho a supervisar el cumplimiento de estas obligaciones.
A pesar de que Serapio Ordóñez también fue víctima en el caso, ni la justicia nacional ni la internacional han reparado de alguna manera el daño ocasionado. Actualmente su casa de Estero del Plátano se encuentra abandonada. Él vive en un barrio popular en la ciudad de Quinindé.
